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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cometió "importantes deficiencias e incumplimientos legales" en los trámites de convocatoria y concesión de las subvenciones por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) en los ejercicios 2002 y 2003, según afirmó hoy el presidente del Tribunal de Cuentas (TC) en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Ubaldo Nieto de Alba, presidente del TC, presentó en la Cámara Baja el ''Informe de fiscalización de la Financiación Pública a la RFEF'' y control del destino de dichos fondos por parte del CSD en el que se revelan múltiples irregularidades sobre el destino de los 23 millones de euros de subvención pública que recibió la RFEF en dicho periodo de tiempo. Así, el Tribunal subraya que para justificar las subvenciones a clubes se presenta "la remisión de los talones bancarios a las federaciones territoriales respectivas" y ni siquiera consta el recibí de los clubes. Además, en varias ocasiones existe duplicidad de justificantes que se han presentando ante el CSD y ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Irregularidades en la construcción

También se han encontrado numerosas irregularidades en la construcción de varias instalaciones deportivas, pero las más graves corresponden a las obras de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Esta

instalación fue cofinanciada por el CSD gracias al 1% de ingresos que recibe de las Quinielas y que debe destinar al fútbol no profesional. La adjudicación de las obras de la Ciudad del Fútbol se realizó mediante concurso público. Sin embargo, el presupuesto original se incrementó en un 54%. El contrato se adjudicó a ACS por un importe de 31,8 millones de euros y cuatro meses después de esta decisión ACS solicitó la cesión del contrato a Dragados y Construcciones.

Además, el Tribunal de Cuentas también afirma que la RFEF no identifica "ni en los presupuestos ni en la contabilidad" los gastos que se financian con las aportaciones de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Por otra parte, el presidente del TC pidió al CSD que revise "los fundamentos y criterios de su política de subvenciones" y que ejerza "un control efectivo" sobre el destino de dichos fondos públicos. Así, destacó que ha habido "graves deficiencias de control y gestión". En sus conclusiones, el TC recomendaba al CSD que revisara los criterios de su política de subvenciones; el desarrollo de un sistema de control sobre la gestión y justificación de las mismas; y en caso necesario que solicitara a la RFEF el reintegro de las cantidades, cerca de 3 millones de euros, insuficientemente justificadas.

En otro orden de cosas, Nieto de Alba reveló que existen 15 casos de los revisados por sus inspectores en los que se han encontrado responsabilidades contables en su mayoría por falta de justificantes y ahora están siendo analizados por el Fiscal. Actualmente, se encuentran en ''diligencias preliminares'' y posteriormente, pasarán a enjuiciamiento. No obstante, todo apunta a que no se pedirán responsabilidades penales. Todos los grupos políticos presentes, Coalición Canaria, Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE coincidieron al calificar de "alarmante" este informe. La diputada Isaura Navarro (IU) pidió que se devuelva el dinero público cuyo destino no se pueda justificar.

Francisco Antonio González (PP) destacó la falta de rigor por parte de la RFEF en la presentación de cuentas y reveló lo complicado que sería que el CSD fiscalice el dinero que reciben las federaciones debido a los escasos medios con que cuenta. Por último, Luis Salvador (PSOE) pidió a la RFEF mayor Responsabilidad en la gestión de las subvenciones pues es el "espejo del deporte español". Además, onsideró "muy grave" que Ángel María Villar justifique ciertos gastos con certificados presidencialistas.

El TC aprobó este informe el pasado 20 de julio y fue remitido a la Cámara Baja cinco días después. El pasado 25 de octubre se reunieron representantes de la RFEF y del CSD para estudiarlo y valorar la posibilidad de desbloquear la subvención pública a la Federación. La RFEF ha tenido congeladas las subvenciones correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, así como parte de los ingresos que debería haber percibido en 2003.