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Los abogados del club y del jugador se personaron esta mañana en el CMAC (Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación) para celebrar, sin expectativas de éxito, el preceptivo acto de conciliación, requisito obligatorio y previo al proceso judicial. La reunión no duró ni un cuarto de hora. Como era de prever, no acudieron ni el presidente del club, Jordi Villacampa, ni Ricky Rubio, que se encuentra desde la semana pasada en Estados Unidos entrevistándose con varias franquicias de la NBA para tantear sus opciones reales de ser escogido en los primeros puestos del próximo ''draft'' de la liga profesional norteamericana.

Ambas partes se mantuvieron firmes en sus posturas. El DKV Joventut insiste en que si Ricky desea marcharse tendrá que abonar la totalidad de su cláusula. El jugador, por el contrario, considera que dicha cláusula no se ajusta a derecho y seguirá adelante con la demanda que ha interpuesto contra la entidad. El abogado del Joventut, Josep Via, dejó claro, a la salida del CMAC, que "ésta no es la vía adecuada para solucionar el conflicto", aunque no descartó hacerlo "de despachos a dentro" para no tener que agotar el proceso judicial.

Via subrayó que el deseo del club es "que Ricky cumpla los dos años que aún le quedan de contrato" y recordó que, para el caso que no lo haga, "ya existe una cantidad fijada" que debería abonar. En cualquier caso, el letrado quiso dejar claro que la entidad badalonesa "no tiene ningún miedo de acudir a los juzgados" y recordó que ya tuvo que hacerlo en su día, cuando el pívot Albert Miralles rescindió unilateralmente su contrato acogiéndose en el decreto 1006, para fichar por el Ourense en agosto de 2001.

"Miralles tenía entonces una cláusula de rescisión de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) y tuvimos que demandarlo. El juez estimó parcialmente nuestra demanda, fijando en 100 millones la cantidad a pagar por el jugador pero, en apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, nos acabó dando totalmente la razón, estipulando que el jugador debía pagar la totalidad de la cláusula", explicó Josep Via.

Ricky Rubio demandó al club catalán al enterarse de que éste se había visto obligado a avalar, con los 4,75 millones de euros de su cláusula de rescisión, una deuda que mantiene con Hacienda y, entender que, bajo estas condiciones, la ''Penya'' ya no podía pactar libremente con él una rebaja en la indemnización.

El base desea que un juez se pronuncie respecto a si esta cláusula es abusiva, al no estar acorde con los emolumentos que percibe -Ricky tiene esta temporada una ficha de 230.000 euros que el año que viene se reducirá hasta los 125.000, según el entorno del base-, y, en caso negativo, que se fije una cantidad más equitativa por vía judicial.

La situación, por tanto, parece encallada. De hecho, hace casi un año que el Joventut y los representantes del jugador tratan la posible marcha de éste a la NBA, sin que haya habido un acercamiento. El hecho de que ''la Penya'' se haya visto obligada ahora a ceder los derechos de la cláusula de salida de Rubio a un tercero lo complica todo aún más, aunque aún hay tiempo para un entente. La fecha límite, el 14 de octubre, cuando Ricky y su club se verán las caras en la sala de vistas.