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La resolución definitiva de la Operación Puerto se acerca. Después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara el pasado 12 de enero "la apertura de juicio oral" al encontrar indicios de un delito contra la salud pública en un caso que había cerrado el juez Antonio Serrano en septiembre de 2008, el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid ha ordenado ahora que se continúe "por procedimiento abreviado".

Esta figura jurídica se utiliza para delitos que no conlleven penas superiores a seis años de prisión y supone una apreciable agilización del proceso, al ahorrar diligencias. El delito contra la salud pública que se trata incumbe al artículo 361 del Código Penal, que castiga con penas que van de los seis meses a los dos años de prisión.

En el auto, se insta a continuar las diligencias contra los imputados: los médicos Eufemiano Fuentes, Yolanda Fuentes y Alfredo Córdova; el hematólogo José Luis Merino Batres (en cuya consulta se extraía la sangre que, presuntamente, luego era enriquecida); los directores Manolo Saiz (Liberty), Ignacio Labarta y Vicente Belda (ambos del Kelme) y auxiliar Alberto León, a quien se le atribuyen las labores de correo. En el juicio pueden ser llamados a declarar los ciclistas. Estos no se enfrentarían a penas de cárcel, pero una sentencia sí podría habilitar a la Federación Española de Ciclismo, la Unión Ciclista Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje a abrir expedientes que deriven en sanciones deportivas. Aunque muchos de ellos están retirados.

Según el auto, que reproduce el Juzgado nº 31, habría delito por varias actuaciones:

-Las extracciones y transfusiones no se hacían en locales adecuados y no se transportaban en recipientes idóneos.

-No existía identificación clara de los donantes y no existían garantías de mantenimiento de las temperaturas de conservación de la sangre, que se custodiaba en frigoríficos y arcones congeladores de pisos particulares sin poder mantener la cadena del frío.

-El procedimiento era clandestino, esto es, al margen de cualquier inspección de las autoridades sanitarias.

Por lo tanto, los ocho imputados comenzarán a sentarse pronto en banquillo. Cuando cometieron el delito, no estaba en vigor la Ley Antidopaje, con la que, probablemente, ya hubieran sido castigados.