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El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, dijo hoy en Murcia que la "decisión definitiva" sobre la sanción del Comité Olímpico Italiano (CONI) al ciclista Alejandro Valverde deberá adoptarla el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en el ámbito deportivo, y los tribunales, en el jurídico.

En rueda de prensa, Lissavetzky apuntó que el corredor murciano, que ha sido sancionado por el CONI con dos años sin participar en carrera alguna que se celebre en Italia por su supuesta implicación en la llamada "Operación Puerto", será el que tenga que recurrir esta resolución ante el TAS.

Indicó asismismo que los tribunales españoles tendrán que resolver "si existe delito o no" en el juicio oral que se celebrará próximamente a raíz de las investigaciones de la "Operación Puerto", desarrollada por la Guardia Civil española y que consiguió desmantelar una red de sustancias dopantes.

Dijo también que el juez instructor que lleva el caso ha denegado, en varias ocasiones, la solicitud de la Federación Española de Ciclismo y del Consejo Superior de Deportes para obtener las pruebas, porque éstas "habían sido obtenidas por un presunto delito y no podían utilizarse para sanciones administrativas que son las que, en todo caso, se pueden aplicar al deportista".

En este sentido explicó que el CONI consiguió las pruebas referidas a Alejandro Valverde "en función de una convención internacional que permite hacerlo dentro de la Unión Europea en determinados aspectos jurídicos".

La FEC cree que el CONI ha cometido una intromisión territorial con Valverde

El presidente de la Federación Española de Ciclismo, Carlos Castaño, ha afirmado hoy en Santander que cree que el Comité Olímpico Nacional de Italia (CONI) "ha hecho una intromisión en cuanto a territorialidad", en relación a la sanción impuesta al ciclista Alejandro Valverde.

El CONI ha prohibido a Valverde competir en Italia durante los dos próximos años, lo que de hecho le aparta de esta edición del Tour de Francia, que este año se adentra en el país transalpino. A preguntas de los periodistas, Castaño ha explicado que el CONI ha aplicado "un principio de justicia universal", que se emplea cuando no existe un organismo que asuma esa iniciativa dentro del territorio donde se ha producido una vulneración de las normas.

El presidente de la Federación Español de Ciclismo ha indicado que siempre ha reclamado que el organismo competente para gestionar los expedientes de cualquier ciclista fuese "la Federación o la Justicia española, en otro ámbito".