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La comisión delegada del Barcelona ha dado la orden para que en los próximos días el club liquide la última deuda que tenía contraída con Hacienda, que asciende a 35.699.000 euros, resultante de las actas que le fueron presentadas por las liquidaciones de impuestos entre los años 1996 y 1999.

Con esta pago que ha anunciado hoy el club, a través de su director general corporativo, Joan Oliver, el Barça liquida sus deudas con Hacienda, después de haber satisfecho el primer pago, de 25''3 millones de euros, correspondiente al período 1993-95.

Durante los periodos investigados por Hacienda, el fisco detectó que el Barcelona pagaba sueldos a sus jugadores a través de sociedades que gestionaban sus derechos de imagen y que soportaban una fiscalidad más baja.

El club azulgrana, bajo la presidencia de Josep Lluís Núñez, impugnó reiteradamente con recursos las actas que la presentaba Hacienda, aunque llegó a provisionar las cantidades, no así los intereses que generaban al no ser liquidadas a Hacienda.

Para el director general del club azulgrana, el Barcelona se deshace de esta forma "de la segundo mochila" con la que debió cargar "tras acceder a la presidencia del club en el 2003", después de que la primera mochila fuese "de pérdidas económicas".

"En los primeros años se liquidaron las deudas y ahora toca hacerlo con las actas fiscales", añadió el máximo ejecutivo del Barcelona. Precisamente, en torno a las pérdidas económicas que generó el ejercicio de la temporada 2002-03, y de la cuales ha derivado una denuncia que presentó un socio contra la junta, que ha acabado con una sentencia que ha dictado hace unos días la Audiencia Provincial de Barcelona, el club ha asegurado hoy que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La actual junta directiva entró en el club en junio del 2003, ocho días antes de concluir el ejercicio de aquella temporada, y "ajustó al valor de mercado", según Oliver, las cantidades con las que se valoraban contablemente a ocho jugadores. Es decir, que una serie de jugadores valorados en 118 millones de euros se ajustó su precio a 54''2 millones de euros. El resto, 63''8 millones, se contabilizaron como pérdidas del ejercicio 2002-03.

Un socio denunció que aquellos ocho días de junio correspondían a un año de mandato y, por tanto, las pérdidas de aquel ejercicio debían de ser atribuidas a la actual junta y, en consecuencia, los directivos debían de avalar los presupuestos siguientes, que no hicieron por mandato de la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Inicialmente, un juzgado de primera instancia falló a favor de la directiva del Barça pero una instancia superior, como es la Audiencia Provincial de Barcelona, ha resuelto el recurso en contra del consejo directivo, al que obliga a avalar el último presupuesto.

El director general del Barcelona ha explicado esta tarde que la junta presentará dos recursos al Supremo: el primero, que concierne a ocho directivos, incluido el presidente, sobre los que recae la sanción de avalar, lo presentarán los afectados, y el segundo el propio club.

Joan Oliver ha querido subrayar que la última instancia que debería obligar al club a avalar es la LFP y que ésta "ya se ha manifestado en dos ocasiones (2005 y 2006) favorable a que la junta del Barça quede exenta de avalar el presupuesto".

"El club preguntó dos veces si tenía que avalar y la Liga dijo que no. La interpretación que hace el juez (de la Audiencia Provincial) no es coherente con la decisión de la Liga, ni la apreciación que hizo el juez de primera instancia (que dio la razón al consejo azulgrana en julio del 2008)", señaló.