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Se intuye que para conocer la sentencia del caso Baena se deberá esperar unos años. Y con el veredicto en la mano, la política de formación de jóvenes talentos puede sufrir un revés importante. Criado en las inferiores del Barcelona, Raúl Baena decidió aceptar una oferta del Espanyol, después de ser rechazado por el Barça cuando tenía que acceder del Juvenil al filial.

Una cláusula de 30.000 euros estipulada en su contrato, supuestamente debía liberarle de su continuidad en La Masía. Conocedores los azulgrana de las intenciones del medio, se negaron a liberarle para que pudiese abandonar el Barça. Cobraba 190 euros. Baena instó a la RFEF a que se pronunciase y ésta falló a su favor dejándole vía libre para fichar por el conjunto blanquiazul.

Una de las principales razones que irritaron al futbolista y al entonces su abogado, Felipe Izquierdo, fue la aplicación de las condiciones estipuladas en un anexo al contrato original en las que el Barcelona podía despedirle sin tener que abonar un céntimo de euro, mientras que si era el propio Baena el que decidía irse del club, debía abonar una cláusula abusiva, que según el precontrato ascendía a tres millones.

"Es el Tribunal Supremo quien deberá resolver, y tenemos claro que en caso de ser desfavorable a los intereses del jugador, acudiremos a la Gran Sala del Tribunal de la Unión Europea, en Luxemburgo", anunció Izquierdo, que recordó que "el 16 de marzo de 2010 ya se resolvió un caso similar ante un tribunal. Fue el de Olivier Bernard, al cual su club de origen (Olympique Lyonnais) cobró sólo los derechos de formación tras ser contratado por el Newcastle, pero en ningún caso una cantidad desproporcinada, como es el caso".

Desde hace tiempo, los clubes manejan con cuidado los contratos en el fútbol base. Se quieren cuidar en salud. Nadie quiere pillarse los dedos, puesto que si gana Baena se acabaría la política de extorsión al fútbol de formación.