AS.com Fútbol

El RCD Espanyol aseguró hoy que, "inconscientemente", pudo haber cometido "anomalías tributarias" a raíz del traspaso del jugador Sergio González al Deportivo de La Coruña, en el año 2001, cuando se devengaron por su representante unas comisiones a través de la compañía portuguesa ''SPST''.

En un comunicado oficial, el club blanquiazul afirma que cuatro años después, en 2005, procedió a "regularizar" las anomalías en que, sin voluntad, el club pudiera haber incurrido fruto de las comisiones del representante del jugador. Así, desde la entidad añaden que la Agencia Tributaria aceptó, en 2006, la regularización y determinó la "ausencia de infracción" y la "exención de responsabilidad".

Además, el club recalca que puso de manifiesto en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional lo sucedido, tanto por escrito como verbalmente en unas declaraciones prestadas ante el juez, ya en 2009, en el marco de la investigación abierta por Baltasar Garzón. Precisamente, en noviembre del año pasado, presentó una solicitud de archivo para dichas actuaciones.

Fruto de este proceso, que Garzón abrió por un informe de Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el presidente del RCD Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, resultó imputado junto el ex director general del club Josep Lluís Marcó y el actual director financiero, Albert Amat. Ahora, todos ellos están a la espera de que el juzgado archive o no la causa.

El Espanyol niega también que esta cuestión tenga relación alguna con la ''Operación Pretoria'', y es que según la información aparecida en un medio de comunicación, fue el despacho de abogados ''Pretus'', que dio nombre y origen al caso de corrupción urbanística, quien medió en la creación de la empresa ''SPST''.

Según este medio, ''Pretus'' emitió presuntamente para el Espanyol unas facturas falsas por valor superior a 300.000 euros a nombre de ''SPST'' relacionados con el citado traspaso de Sergio. La compañía portuguesa, constituida en Madeira, pudo colocar el dinero en Andorra, país en el que la ONIF ha localizado el rastro del mismo.

En lo que se refiere a la nacionalización italiana del jugador Maxi Rodríguez, otro posible fraude, el club blanquiazul deja claro que fue un procedimiento administrativo reglado y que el club no abobó ninguna cantidad económica por este concepto.