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Ramón Calderón tiene en su mano la potestad como presidente para convocar una Asamblea Extraordinaria que anule todo lo votado en la anterior del pasado 7 de diciembre, donde se produjo el fraude orquestado por Nanín.

El máximo dirigente blanco aseguró ayer ante los medios de comunicación que le "gustaría repetir esa Asamblea", pero que la Junta directiva no puede legalmente hacerlo. Sin embargo, los estatutos del club sí le dan poderes como presidente y es el único que podría convocar una nueva extraordinaria en la que los socios puedan: primero, votar para anular lo decidido en la anterior, y en caso de vencer el 'Sí', acto seguido volver a someter a votación los cinco puntos que se aprobaron en la polémica Asamblea de compromisarios del 7-D.

Aquella jornada Calderón sacó adelante sin problemas las tres votaciones menos polémicas, relativas a las cuotas sociales, la nueva junta electoral, y los miembros de la Comisión de Disciplina Social, pero se topó con un clima de crispación total en lo relativo a la aprobación de las cuentas (603 a favor, 442 en contra, 52 en blanco) hasta el punto de sacar por los pelos los presupuestos para el ejercicio 08/09 (564 a favor, 514 en contra, 36 en blanco).

Anulación. Esa sería la primera vía para dar marcha atrás a lo acontecido aquella jornada. Pero hay más. La oposición podría recurrir a la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid, un órgano autónomo a federaciones y clubes, para que determine si legalmente puede arbitrar en una impugnación de la citada Asamblea. La CAM, por su parte, tiene dudas de si está facultada o no para ello y ha solicitado ya un informe jurídico para determinar si tiene competencias.

Por si fuese poco, el asunto incluso podría acabar en los tribunales. Cualquiera de los socios compromisarios podría acudir a un Juzgado de lo Civil para solicitar la impugnación de las votaciones del 7-D alegando manipulación de las mismas. La Ley de Asociaciones de 2002 otorga a los perjudicados un plazo de cuarenta días para presentar el recurso.

También podría entrar en escena un Juzgado de lo Penal si algún socio compromisario presentase una denuncia alegando que alguno de los infiltrados suplantó su personalidad para poder votar.