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Ya suenan los truenos de la tormenta que se prepara tras la derogación de la llamada Ley Beckham, cuya desaparición provocará que aquellos fichajes extranjeros que cobren más de 600.000 euros tributen a Hacienda lo mismo que cualquier español con tales emolumentos, un 43 por ciento, y no el 24 que se aplica desde 2004. La medida ha dividido a los políticos y posiblemente también divida al balón. De momento, la Liga de Fútbol Profesional convocó para mañana una Asamblea General Extraordinaria, a la que están citados los 42 clubes de Primera y Segunda y donde la LFP podría proponer un "parón de la competición" para las jornadas del 15 y el 22 de noviembre. En el primer caso, al no haber Liga en Primera, sólo afectaría a la Segunda División.

Poco han tardado en tomar cuerpo las amenazas de cierre patronal (es decir, de parón liguero provocado por los clubes, y no por los trabajadores-futbolistas, lo que sería una huelga) que deslizó el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, nada más conocer el acuerdo parlamentario entre PSOE, BNG y IU para modificar el cuerpo legal que permite a los extranjeros mejor pagados abonar menos impuestos.

De este posible cierre patronal se hizo eco Elena Salgado, vicepresidenta de Gobierno y ministra de Economía y Hacienda: "Espero que no haya parón. Los presidentes de fútbol, personas inteligentes, no se van a colocar enfrente de la afición". En una entrevista a RAC-1, la ministra justificó la medida porque "los contratos en vigor podrán mantener sus actuales ventajas fiscales (cotizar sólo el 24 por ciento) durante cinco años". Los deportistas autóctonos, obligados a tributar el 43, también apoyan la reforma legal. Tanto Gerardo González Movilla (presidente de la AFE, los futbolistas españoles) como José Luis Llorente (de los baloncestistas) abogaron por la necesidad de igualar la cotización de todos, independientemente de su nacionalidad. "Además, vivimos una situación de crisis", argumentaron.

Según ha podido conocer este periódico, la enmienda para reformar la ley no partió del PSOE y sí de IU y BNG, las otras dos formaciones que votaron la derogación. El partido del Gobierno realizó lo que se conoce como una moción transaccional, es decir, una moneda de cambio por la que PSOE apoya esta medida y obtiene, así, los votos de IU y BNG en la ley de presupuestos.