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La Liga de Fútbol Profesional ha solicitado a la Comisión Nacional de la Competencia la derogación del apartado de la Ley de Retransmisiones Deportivas, popularmente conocida como Ley Cascos, en el que se obliga a la transmisión en abierto de un partido con carácter gratuito para todo el territorio nacional cada jornada. Asimismo, ha pedido que la emisión de los goles no sea considerada como derecho a la información, como sucede en Italia, lo que permitiría a los clubes percibir una mayor cantidad de dinero por los resúmenes de los partidos. Según manifestaron fuentes de la patronal de clubes a este diario, entre estos dos conceptos el precio del producto fútbol se podría incrementar entre 110 y 120 millones de euros.

En lo que respecta al partido en abierto la LFP entiende que pierde alrededor de 50 millones de euros anuales, cifra a la que habría que añadir el efecto disuasorio que produce sobre el comprador potencial de partidos de fútbol el hecho de que tenga garantizado disfrutar de un encuentro de cada jornada de Liga y de Copa de forma gratuita. La actual normativa establece, en su artículo 5.1, que "en el supuesto de la competiciones deportivas de Liga o Copa se considerará de interés general un encuentro por cada jornada, que deberá ser transmitido en directo, en abierto, y para todo el territorio del Estado siempre y cuando haya algún operador o programador interesado en hacerlo".

La radio. Otra de las pretensiones de la LFP afecta a los derechos de retransmisión de las emisoras de radio. Se pretende que la Ley Cascos no limite el cobro por la realización de los carruseles radiofónicos al encuadrar sus emisiones dentro de lo que se considera como derecho a la información. Se entiende que por este concepto los clubes profesionales podrían incrementar sus actuales percepciones en otros 40 millones de euros.

La Comisión Nacional de la Competencia ha consultado a la Liga de Fútbol Profesional, y a los clubes, con la intención de enviar un informe al Gobierno para completar la nueva ley que regule el mercado audiovisual, cuyo proyecto ha quedado interrumpido al agotarse la presente legislatura y al no haber encontrado el PSOE el suficiente consenso para su modificación entre las distintas fuerzas parlamentarias. Entre sus argumentos, la LFP sostiene que el tipo de cliente ha cambiado en España, al haber aumentado considerablemente desde 1997 (año en el que fue publicada la Ley) a ahora el ratio de hogares que tienen acceso a canales de pago, por lo que ya no es tan necesario una norma que garantice el derecho a los espectadores a presenciar un partido en abierto de forma gratuita.

En ninguna de las ligas importantes existe esta obligación, lo que en opinión de los representantes de la LFP constituye una rémora en la venta de los derechos. Aunque ésta no es la razón principal por la que nuestra competición percibe menos dinero que la de otros países (entre otras cuestiones porque el poder adquisitivo no es el mismo y porque en España la demanda está muy centralizada en torno a Real Madrid y Barcelona), cabe destacar que la Liga española es la cuarta del mercado europeo por detrás de la inglesa, la italiana y la francesa.

Ingresos en abierto. No obstante, fuentes de la LFP puntualizan que su pretensión no es terminar con el partido en abierto, sino con la norma que obliga a que se tenga que emitir: "Otra cuestión distinta es que nos pongamos de acuerdo con una serie de operadores y estos decidan comprar una serie de partidos para que sean televisados por este sistema".

La comisión de la competencia: Organismo consultivo del Gobierno

La Comisión Nacional de la Competencia es un organismo público independiente, similar al Tribunal de Cuentas, que integra el antiguo Tribunal de la Defensa de la Competencia. Está encargado, según determina la ley de Defensa de la Competencia del 3 de julio de 2007 de "preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados de ámbito nacional, así como de velar por la aplicación coherente de la Ley de la Defensa de la Competencia". Presenta una estructura piramidal integrada por un presidente, Luis Berenguer, siete consejeros y un director de investigación que está al frente de este departamento. Tiene carácter consultivo con el Gobierno, de introducción y de arbitraje.