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El presidente del Alavés, Fernando Ortiz de Zárate, manifestó a AS: "En caso de que se demostrara la culpabilidad de los clubes en el asunto del fraude de las apuestas deportivas, nosotros pediríamos la restitución de la categoría o la consiguiente indemnización económica. Calculamos que hemos perdido por el descenso unos cuatro millones de euros. De momento queremos esperar a que la UEFA concrete sus investigaciones y la cosa tome cuerpo".

El artículo 75 del Código Disciplinario de la FEF, en el epígrafe correspondiente a la "predeterminación de resultados", en su apartado 1.b, determina que "los que intervengan en acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular (...) serán sancionados, como autores de una infracción muy grave, con inhabilitación por tiempo de dos a cinco años. Se deducirán seis puntos de su clasificación a los clubes implicados y se declarará el partido nulo". El apartado 3 contempla también la pérdida de la categoría "del club directamente beneficiado".

El Alavés fue el equipo que descendió a 2ª B con mayor puntuación, 43 puntos, 4 menos que Las Palmas, el último de los que permanecieron.

La justicia ordinaria podría demorar la sanción

En principio, si las investigaciones de la UEFA concluyeran que se produjo un fraude en la competición, las competencias para aplicar el reglamento sancionador recaerían en los comités disciplinarios españoles al tratarse de un partido de nuestra Liga. Según los últimos precedentes, éstos, una vez que han abierto el expediente, suelen dar cuenta de los hechos a la justicia ordinaria por si hay responsabilidades penales y para que se pueda interrogar a los presuntos involucrados que no estén aforados a la Federación, lo que, sumado a los recursos que se presentaran, demoraría la resolución. Un ejemplo de ello fueron los dos años que tardó el Supremo en anular la final de la Copa del Rey de hockey sobre patines que disputaron en 1988 Liceo y Noia (el árbitro del encuentro era el actual secretario general de la LFP, Carlos del Campo). En su doctrina, el alto tribunal prevé la aplicación de indemnizaciones económicas para casos de imposible reparación.