AS.com Fútbol

Pere Sampol, senador del Bloc per Mallorca, integrado en el grupo mixto, pidió ayer a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, "la anulación del proceso electoral de la Federación Española de Fútbol por las gravísimas irregularidades detectadas" y la apertura "de un expediente en el que se depuren las responsabilidades tanto de la FEF como del Consejo Superior de Deportes". Asimismo, solicitará la comparecencia del secretario de Estado para el Deporte en la Cámara Baja, con carácter de urgencia, para que explique "por qué razón ha aprobado la comisión directiva del CSD un reglamento que incumple siete artículos de la orden ministerial".

El senador justificó estas actuaciones al considerar que "Villar ha utilizado mecanismos de presión con la connivencia del secretario de Estado para el Deporte y del CSD. Dejar sin sanción un incumplimiento normativo electoral es una infracción grave que debería llevar al cese de los cargos públicos que lo han tolerado y amparado. Por acción u omisión son responsables del incumplimiento. Es muy grave que el presidente del CSD no haya actuado. No sé si son simpatías políticas o miedo. Tampoco se entiende que la Junta de Garantías Electorales haya aprobado el reglamento".

Sampol calificó de "intolerable que un extranjero, por muy presidente de la FIFA que sea, amenace con represalias. Es un atropello el que hasta tres veces se haya modificado el reglamento electoral. Parece que la democracia no ha llegado al fútbol español".

Demanda ante lo contencioso

Javier Tebas, vicepresidente de la LFP, presentó ayer en el juzgado central de lo contencioso-administrativo de Madrid una demanda para solicitar la suspensión cautelar del proceso electoral. A esta actuación tienen previsto sumarse las federaciones de Aragón y La Rioja. La demanda se sustenta, principalmente, en que se ha iniciado el proceso con los plazos de un reglamento que, con posterioridad, ha sido modificado y en que la regulación del voto por correo no recoge lo que establece la orden ministerial. Se propone también que el gobierno de la FEF, mientras se dirime el contencioso, lo dirija una gestora.