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El Comité de Apelación de la UEFA decidió ayer dejar la sanción del Atlético en un partido a puerta cerrada más otro más que quedará supeditado a un periodo de prueba de dos años en el que si no se registran incidentes no deberá ser cumplido. Por su parte, la multa de 150.000 euros por los incidentes y los dos partidos de sanción a Javier Aguirre permanecieron inalterables.

Ambas decisiones le fueron comunicadas al Atlético en Nyon al filo de las 20:45 tras más de siete horas de audiencia y deliberación. Nada más conocerlas Clemente Villaverde, gerente de la entidad, confirmó que el Atlético recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y solicitará con inmediatez la suspensión cautelar de las mismas, de manera que el club espera que el próximo partido en casa de Champions, que tendrá lugar el día 26 de noviembre ante el PSV, se pueda disputar en el Calderón con público.

Maratoniana. La vista comenzó a las 13:30 con un jurado presidido por el suizo Michel Wuilleret, como presidente, y completado por el alemán Goetz Eilers y el turco Levent Bicakci. Además, el suizo Jean Samuel Leuba, inspector disciplinario de la UEFA, se encargó de defender la primera decisión del organismo europeo. El Atlético expuso sus pruebas e hizo declarar a sus dos testigos: el delegado de seguridad del partido, William Mc Dougall, y el venue director o delegado local de la UEFA, que asiste a todos los encuentros en casa de los rojiblancos en Champions, Masimiliam von Portatius. Ambos se ratificaron y no cambiaron lo expuesto en sus informes del Atlético-Marsella en los cuales dejaban claro que la organización fue "perfecta". Además, las imágenes demostraron que no hubo gritos racistas. El Comité fue más allá y solicitó por teléfono el testimonio de Niang, el delantero del Marsella. Tampoco pudo sorprender la UEFA con imágenes en las que se probaran dichos gritos ni los insultos de Aguirre que denunció el Marsella.

Descontento. Todo eso dejó una sensación de insatisfacción que reconoció Clemente Villaverde al conocer la decisión: "Hemos conseguido una rebaja, pero no estamos de acuerdo ni en cómo se ha llevado el procedimiento ni en la resolución. Nos defenderemos ante el TAS. Ha sido extraño, porque los delegados han ratificado sus informes sobre la organización del partido, pero parece que ahora es más un tema de gritos racistas que de organización".