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Los lodos del Laportagate amenazan con convertir en críticos los meses finales de mandato del presidente del Barcelona. El asunto del espionaje interno a cuatro vicepresidente y los insultos (diez veces le llamó "imbécil") al presidente de la Junta de Extremadura están socavando la ya de por sí deteriorada imagen de Joan Laporta, justo cuando deportivamente el Barça es un ejemplo a seguir.

El penúltimo capítulo es la filtración del contrato de Joan Oliver, el director general que encargó las eufemísticas auditorías de seguridad sobre los vicepresidentes: 800.000 euros (dos terceras partes como fijo y la otra, de variables). Oliver, que regresó el viernes de una gira americana en la que fue el único acompañante del propio Laporta, se ha convertido en el objetivo de los vicepresidentes espiados, que piensan pedir su cabeza a Laporta en la próxima junta directiva del viernes 16. Sus dos argumentos: la demostración de que no fueron espiados para salvaguardar su seguridad y el contrato de marras, ya que por su cuantía debió ser aprobado en comisión delegada.

Pero Laporta no está dispuesto a ceder. El presidente, que se defiende de todo como gato panza arriba alegando "persecución personal", es consciente de que su director general sabe demasiadas cosas internas... y que su poder dentro del club es omnímodo gracias al cargo que él le dio.