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El Betis es un auténtico polvorín. Cada día se suceden acontecimientos teóricamente fundamentales para el futuro de la entidad, que son superados por otro aún más relevante. Si el jueves se supo que Luis Oliver iba a seguir dirigiendo el club tras decidir el Consejo que no se iba a celebrar la Junta Extraordinaria de Accionistas en agosto, ayer se conoció una noticia mucho más relevante e inesperada. La jueza Mercedes Alaya se reunió con Rafael Gordillo y le propuso nombrarlo el interventor político de las acciones de Farusa, que están inhabilitadas desde el pasado 16 de julio al igual que su venta a Bitton Sport.

Si Gordillo acepta (ha pedido unos días de margen y responderá el lunes) administraría las acciones de Lopera. Aunque no estaría solo en la labor, ya que la jueza nombraría también a dos interventores más. Uno encargado del tema jurídico y otro del económico. A partir de ese momento, Luis Oliver sólo sería un consejero más y no tendría poder dentro del club. Con esta decisión, la jueza ha mostrado su deseo de ir a por todas en este asunto.

De momento, el nombramiento de Gordillo ha caído muy bien en el Consejo, los grupos de la oposición y sobre todo en los desilusionados aficionados verdiblancos.