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Los números hablan por sí solos y Laporta sabe que él y sus compañeros de la Junta saliente podrían tener serios problemas. Pese a que una sentencia judicial les obliga a avalar el periodo de 2006-2010, parece que no están dispuestos a ello, por lo que tras la asamblea (que se realizará en octubre y no en agosto, como en los últimos años) cualquier socio podría demandar a los predecesores de Rosell, por su responsabilidad en una "gestión negligente". Tal y como informó AS hace unos días, la empresa auditora KPMG está llevando a cabo una due diligence, con la que la actual directiva sabrá al dedillo el porqué de las pérdidas de 77 millones.

La cuestión es que a los auditores les queda mucho trabajo por delante. Hasta el momento llevan revisados menos de la mitad de los documentos entregados, por lo que durante el mes de agosto deberán fajarse para poder ofrecer a los socios compromisarios los números reales del club, que no serán del todo buenos. Si son negativos, deberían avalar, pero si no firman, el caso acabará en los tribunales.