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El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, criticó hoy que no se haya producido "ninguna reacción" de la Generalitat después de que "las conversaciones de algún miembro del Gobierno valenciano sean grabadas".

El pasado jueves el diario ''Levante'' publicó la transcripción de una conversación mantenida, supuestamente, entre el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, el presidente de Inversiones Dalport, Víctor Vicente Bravo, y el ex presidente del Valencia y apoderado de esta empresa en Valencia, Vicente Soriano.

Así, el delegado señaló que le "llama la atención" el hecho de que puedan "espiar las conversaciones" de miembros del Gobierno valenciano, que éstas sean "grabadas" y que "no haya ninguna valoración" por parte del Consell.

Para Peralta, esto es "sumamente preocupante" y "cuestiona la propia seguridad del Gobierno valenciano", y añadió que "lo sorprendente es que no haya reacción" por parte del Consell y consideró que la Generalitat "no puede ser un Gobierno de pancarta, pero tampoco puede ser un Gobierno de chiste".

El dirigente se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación después de recibir a la delegación territorial de la ONCE.

Blasco no descarta emprender acciones legales

El conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, afirmó que está pensando emprender acciones legales por la "grabación absolutamente ilegal y delictiva" de la reunión que, según reconoció hoy, mantuvo con "toda transparencia y legalidad" con el presidente de Inversiones Dalport, Víctor Vicente Bravo, y el ex presidente del Valencia y apoderado de esta empresa en Valencia, Vicente Soriano.

Blasco, tras presentar el Plan Director del Voluntariado de la Comunitat Valenciana y el Plan de Acción del Voluntariado, señaló al respecto que no descarta sumarse así a las denuncias que ya han interpuesto Vicente Soriano y el despacho de abogados Cuatrecasas, en cuyas dependencias tuvo lugar la conversación.

Al respecto, subrayó que es "una reunión que se produjo", pero lo que es "ilegal y delictivo", recalcó, es "grabar las conversaciones de una reunión hecha con toda transparencia y legalidad, además en un despacho profesional". "Es un delito grabar vulnerando principios constitucionales una conversación privada en cualquier sitio, incluyendo la que usted puede mantener con su familia en el salón de su casa", dijo respondiendo a los medios de comunicación.

Por ello, apuntó que dado que "en estos momentos hay acciones legales establecidas en contra de los que han cometido este delito", deben pensar que "hay que esperar a que se sustancien delante de la justicia". "Yo no lo tengo que pensar mucho porque me parece que una actitud delictiva totalmente desechable en un sistema democrático. Es inaceptable para cualquier demócrata", recalcó.

Además, consideró "bastante sospechoso" que los medios de comunicación "no estén denunciado una práctica mafiosa como es grabar unas conversaciones vulnerando principios constitucionales y que están reconocidos en el código penal". "Pero allá cada uno con su responsabilidad", dijo, ya que "eso es un delito penal que resulta absolutamente improcedente que alguien lo haya cometido y que pone en entredicho la ética profesional de los que hacen uso de acciones delictivas", insistió.

Por otro lado, Blasco mantuvo que la oposición, con la petición de dimisión, "ha vuelto a equivocarse". "Estaría bien que pidiera responsabilidades, si al mismo tiempo hubieran ido al juzgado a denunciar una práctica mafiosa", pero se dedican exclusivamente a la difamación, a la calumnia para tapar su falta de responsabilidad política", cuestionó.

Falta de responsabilidad

En ese sentido, incidió en que la oposición "lo único que están haciendo desde hace muchos años es practicar una judicialización de la política". "Están continuamente pidiendo dimisiones a diestro y siniestro y esto es lo que les ha llevado a estar en la marginalidad política en esta Comunitat", reprochó.

Además, Blasco remarcó que "una oposición después de 13 ó 14 años continúa teniendo 15 puntos de diferencia a la baja en relación al Partido Popular expresa el desconcierto y la ineptitud de sus dirigentes y la deriva política absolutamente irresponsable a la que se dedican".

"En lugar de tratar de aportar soluciones en la crisis económica a la que nos ha embarcado el gobierno socialista, en lugar de procurar alternativas a las políticas del PP, se dedican exclusivamente a la difamación, a la calumnia y a una salida sin ningún tipo de visos de responsabilidad política", lamentó, afirmando que para el PP y su persona este tipo de actitudes son "muy rentables políticamente porque expresan la confusión política en la que están, la falta de proyecto político que tienen y al mismo tiempo los triunfos electorales que estamos teniendo".

"Pero cada uno es muy libre de adoptar la decisión que estime oportuno y en esta ocasión, como en tantas otras, la oposición ha vuelto a equivocarse porque estaría bien que pidiera responsabilidades si al mismo tiempo hubieran ido al juzgado a denunciar una práctica mafiosa como es la grabación ilegal de una conversación hecha en un despacho profesional donde se ha vulnerado el derecho a la intimidad", criticó Blasco.