AS.com Liga BBVA

"Desde el punto de vista sociológico es discutible (que no se haga público el proceso de elaboración), porque si el club es de los socios habría que darles participación", aseguró hoy Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona.

Trayter criticó que, a falta de un mes y una semana para la celebración de la asamblea de compromisarios del club donde se votará el texto, todavía no se hayan dado detalles sobre la redacción de la modificación de los nuevos estatutos. "Este sistema está sumido en la opacidad y la falta de transparencia", denunció.

"No es correcto que no se haya abierto un debate participativo", señaló el catedrático, quien añadió que el trámite de audiencia al socio es obligatorio de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia.

Según Trayter, la mayoría de textos legales se someten a largas discusiones y requieren un gran consenso antes de ser presentados como proyecto, por lo que en las entidades deportivas debería darse el mismo procedimiento.

"Cuando la junta del Barcelona redacta los estatutos, debe someter al socio a algún tipo de información pública, para que pueda hacer alegaciones y potenciar la participación", consideró. Trayter también criticó que la asamblea de compromisarios se produzca en pleno mes de agosto, "cuando hay poca gente en la ciudad", y consideró necesaria la consulta a expertos jurídicos para su redacción.

"Pido una mínima transparencia, objetividad y participación de los socios", concluyó Trayer. La reforma de los estatutos del FC Barcelona se lleva a cabo después de que la Generalitat de Catalunya modificara su decreto regulador de entidades deportivas (145/91), por lo que el club azulgrana debe adaptarse a las nuevas condiciones legales.

Los puntos más controvertidos de esta reforma son, por un lado, la duración de los mandatos presidenciales, que la Junta Directiva propondrá que sean de seis años con posibilidad de un reelección.

Por otro lado, la inclusión del sistema de voto electrónico por internet supone uno de los puntos más controvertidos del nuevo texto, ya que sus opositores critican la falta de fiabilidad del sistema.