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El denunciante, Nicolás Marín -ex presidente de la peña de Abrera y socio número 48.991-, solicita al TCE que abra un expediente sancionador a Laporta y su equipo por "infracción muy grave de los estatutos", una vez la justicia ordinaria ha determinado, hasta en dos ocasiones, que el presidente del FC Barcelona no convocó las elecciones en el plazo reglamentario.

Nicolás Marín recuerda en su escrito que Laporta no convocó los comicios a la presidencia durante el primer semestre de 2006, aunque un juez finalmente le obligó a iniciar el proceso electoral, y no esperar a 2007, como defendía la junta del Barça amparándose en un dictamen no vinculante elaborado por la secretaría general del Deporte de la Generalitat.

El denunciante, que está vinculado a la ''Asociación para la defensa de los derechos de los socios y socias del FC Barcelona'', pretende reabrir con esta denuncia un asunto que el propio TCE archivó por última vez en el verano de 2006.

Tras hacerse pública una sentencia de primera instancia que contradecía las tesis de Laporta, daba por concluido su primera mandato el 30 de junio de 2006 y le obligaba a convocar elecciones con carácter urgente, este mismo socio planteó ante el tribunal la denuncia por inhabilitación basada en este primer fallo judicial.

La respuesta del TCE, máximo organismo jurisdiccional deportivo catalán, fue la de archivarla por entender que, para evitar contradicciones, no podía emitir una resolución mientras no se resolviera el recurso de apelación presentado por el FC Barcelona ante la Audiencia Provincial.

El pasado 29 de noviembre la Audiencia de Barcelona resolvió el recurso de apelación, fallando de nuevo en contra de los intereses de la junta directiva del Barça. La sentencia ratificó la dictada en primera instancia al reafirmarse en que Joan Laporta había incumplido gravemente los estatutos del club al no convocar elecciones en el plazo previsto.

La denuncia ha sido archivada en dos ocasiones

Cabe recordar que el TCE ya ha archivado en dos ocasiones denuncias (la primera fue presentada por el socio Oriol Giralt antes de que un juzgado de primera instancia obligara a Laporta a convocar elecciones) en las que solicitaba una sanción contra el presidente del Barça, amparándose en que existía un proceso judicial en curso.

Sin embargo, la firmeza de esta última sentencia, sobre la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo -el FC Barcelona ya trabaja en ello- dibuja un escenario jurídico diferente al de hace unos meses, dado que "ha desaparecido el obstáculo puesto de manifiesto por el TCE para iniciar el expediente sancionador", tal como señala la denuncia que se ha presentado hoy.

El máximo organismo judicial del deporte catalán deberá, por tanto, admitir ahora a trámite la denuncia y pronunciarse, al menos, sobre una posible inhabilitación.

El Tribunal Català de l''Esport está formado por siete miembros, incluido su presidente. Cuatro de estos letrados son designados por la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) y los otros tres por el Consejo del Colegio de Abogados de Cataluña.

Se da la circunstancia de que el periodo de vigencia de los actuales miembros designados por la UFEC, que es de cuatro años, concluyó a finales de 2007, por lo que en breve debería acometerse la renovación.