AS.com Opinión

La Federación Española de Atletismo atraviesa momentos de crisis. Como todas. A la falta de patrocinadores se une la rebaja del 7% en los seis millones de euros que todos los españoles le damos cada año a Odriozola, su presidente, como subvención vía Consejo Superior de Deportes. Pues lejos de rebajarse los 79.000 euros que tiene de sueldo para ir paliando la crisis, lo que se le ha ocurrido es crear un impuesto que podría denominarse revolucionario. Todos los corredores que participen en pruebas populares han de pagar nueve euros que irán íntegramente para la Federación. Y como resulta que casi todas las pruebas están en el calendario federativo para poder ser homologadas, el negocio es redondo.

Son 12 maratones, 47 carreras de 10 kilómetros y 91 medias maratones. En total, 228.549 corredores que el año pasado participaron en estas pruebas, 200.000 en números redondos descontando a los que repitieron en alguna de ellas. Pues salen 1,8 millones de euros. A cambio de nada. Es como para llamar a la desobediencia popular, y si los organizadores de carreras no lo hacen, es porque no van a pedir a sus propios participantes que corran sin dorsal. Pero algunos ya dicen que se saldrán de la Federación para no ser cómplices de ese atraco. Eso que se ahorrarán. Por ser carrera federativa tenían que pagar 720 euros por los controles antidopaje, 680 de canon a la Federación, 550 a los jueces, 250 por la medición... así hasta 2.500 euros.