AS.com Opinión

Aunque la junta de accionistas de la Real debería haber tenido un interés meramente local, el hecho de que el actual presidente de la LFP, Jose Luis Astiazaran, fuera propuesto para ir a los tribunales le dio una repercusión nacional. El Consejo que preside Miguel Fuentes -aunque lidera la vicepresidenta María de la Peña- pidió mucho, recibió todo, explicó poco y no dio nada. El millar de accionistas que se tragaron siete largas horas de junta se fueron con la gratificación del deber cumplido -apoyar a su club rascándose el bolsillo-, pero con la sensación de haber sido víctimas de un montaje. Y es que, con la perspectiva que dan la horas, el desenlace de la junta me pareció una emboscada.

El Consejo debió abstenerse cuando el Kursaal, un clamor contra Astiazaran, pidió que se le exigieran responsabilidades. Como dijo un accionista, si el equipo de Amorrortu defendiera como lo hizo el Consejo, otro gallo le cantaría a la Real. La gestión de Astiazaran y los suyos fue nefasta, desleal e interesada. ¿Ilegal? La ética está por encima de la legalidad. Por lo menos para mí, aunque parece que no para los nuevos rectores realistas, quienes, sin ser más de lo mismo, son ya cómplices de lo anterior.