AS.com Opinión

Reconsiderémoslo: las federaciones deportivas (la de fútbol, por ejemplo) son sociedades de derecho privado que se deben a sus federaciones internacionales, y por eso mismo se espera de ellas que se subordinen a la correspondiente norma internacional. Pero al tiempo, esas federaciones tienen delegada la competencia del desarrollo de su deporte en el país, y su representación internacional. En nuestro caso, el uso del nombre de España, sus deportistas, su himno y su bandera. Y subvenciones. Por eso mismo cabe esperar de ellas que se atengan al ordenamiento jurídico español sin reservas.

Compaginar ambas normativas no debería ser difícil para cualquier persona razonable. Puede haber colisión en países turbulentos en los que de pronto un dictador semisalvaje pretende, por la cara, poner a su cuñado de presidente de tal federación. Para esos casos creó la FIFA (por centrarnos en el caso del fútbol) un reglamento que protegiese su funcionamiento ante arbitrariedades e intromisiones. Pero en países de la calidad de democracia y de convivencia del nuestro no deberían existir fricciones. Y, sin embargo, existen. Villar apuesta por una normativa electoral que el CSD no ve admisible.

Villar viene de un enfado a mi juicio justo: se le pretendió empujar a que convocara elecciones antes de plazo. Se resistió. Lissavetzky entendió razonable su resistencia y la atendió. Pero en aquel alboroto Villar obtuvo de su asamblea un modelo electoral 'sui géneris', del que ahora ha estado dispuesto a abdicar en todo menos en el modelo del voto por correo, un modelo 'a lo Florentino', para entendernos. El CSD lo ve inaceptable. Y es inaceptable. El voto por correo no puede ser recaudado con intimidación y sin garantías. Por algo tan irracional no puede Villar volcar la mesa y ponerse en evidencia ante la FIFA y el COI.